Wednesday, December 13, 2017
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Supermercado “Mi Pueblo” se declara en bancarrota

Por Michelle Córdova H.

El lunes 23 de julio la cadena de supermercados de Mi Pueblo con sede en San José se ha declarado en bancarrota tras acogerse al Capítulo 11 Federal de Protección que le permite reorganizar sus finanzas bajo el amparo del estatuto legal de la Ley de Prevención de Abuso de Quiebra y Protección del Consumidor.

Esta maniobra se da al verse incapacitados de solventar sus deudas y como una manera de protección de los adeudados ya que no pueden tomar represalias legales como por ejemplo reposesión o remate de bienes de la compañía por incumplimiento de pago.

La empresa quien mantiene deudas con el Banco Wells Fargo, puede mantener el control y sigue siendo su propio administrador y es considerado un  deudor de posesión. Si la corte lo decide en un futuro podría estar sujeto bajo su  supervisión y jurisdicción.

“Mi Pueblo” una empresa dirigida a la comunidad hispana que viene funcionando desde 1991 con 21 sucursales emplea sobre 3,200 trabajadores la mayoría latinos en el Área de la Bahía siendo una importante fuente de trabajo para las familias de nuestra comunidad.

Perla Rodríguez, portavoz de Mi Pueblo informó a Univisión que seguirán operando con normalidad y que sus empleados han sido anunciados sobre la situación; sin embargo al entrevistar a seis trabajadores a ninguno se les ha comunicado la decisión ni se les ha convocado a reuniones para aclararles lo que está sucediendo.

María quien es nueva en el supermercado se enteró por las noticias sobre la bancarrota, a David un compañero de trabajo lo llamó y Cecilia se enteró al llegar a trabajar el martes. Acorde a los empleados lo que se comenta entre los pasillos es que les van a reducir las horas y que deben trabajar duro y eficazmente para poder mantener sus empleos.

Al acogerse a bancarrota permite a las compañías un mayor espacio para maniobrar y renegociar; y, dentro de las opciones está la cancelación de servicios o contratos salariales por lo que el futuro laborar de sus empleados es incierto.

“Mi Pueblo” ha tenido diferencias con sus empleados en los últimos años, varios juicios se han entablado en su contra, se les ha acusado de ir en contra de sus empleados al acogerse voluntariamente al sistema de “E-Verify” del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos donde se compara el número del seguro social de los aspirantes con una base de datos del gobierno para verificar su estatus legal.

Se ha acusado al dueño Juvenal Chávez de traidor con la comunidad ya que cuando él comenzó su negocio hace 22 años su estatus era de indocumentado; además la mayoría de los clientes de “Mi Pueblo” son hispanos y algunos no tienen sus documentos en regla.

Hace tres semanas varios ex empleados informaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) fueron a sus casas con una lista de trabajadores indocumentados, imputando a “Mi Pueblo” como responsables al permitir acceso de sus archivos a ICE e identificarlos. Por las acciones de “Mi Pueblo” han ahuyentado a clientes quienes temen ir a las tiendas ante la posibilidad de encontrarse con agentes de ICE

En una entrevista otorgada por Gerardo Dominguez, Director de la Organización Sindical UFCW5 dijo que “Mi Pueblo” ha intimidado a los trabajadores en los últimos años y que “el problema es de trasfondo operacional”. Comentó que a ciertos trabajadores se les entregó una carta “ambigua” donde se les informaba de la decisión de bancarrota.

“La empresa ha sido capaz de robar salarios a sus empleado, vende comida expirada y tiene demandas por accidentados”, dijo  Domínguez, mientras aclaraba el intento fortuito de los trabajadores en formar un sindicato que vele por sus intereses mientras “despiden trabajadores”. Enfatizaba que “Mi Pueblo” tiene problemas de credibilidad con la comunidad, la banca y los trabajadores.

Mientras el desenlace de haberse acogido al Capítulo 11 de Bancarrota es incierto, si está claro que 3,200 personas trabajan temerosas, en un espacio ambiguo y un ambiente laboral inseguro donde sus trabajos no se pueden garantizar y el futuro de sus familias pende de las destrezas de las negociaciones, de la confianza de los distribuidores y de la capacidad de mantener a sus clientes.

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