Legisladores y activistas pro-inmigrantes pidieron al gobierno estadounidense respetar los derechos civiles de los inmigrantes en este país. Foto EFE


El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede combatir la inmigración ilegal sin atropellar los derechos civiles y las protecciones que confiere la Constitución del país, aseguran legisladores y activistas pro-inmigrantes.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, está pidiendo una rendición de cuentas al DHS porque teme que con su “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados, el Gobierno ponga en riesgo los derechos humanos y las protecciones constitucionales.

Congresistas como Conyers buscan explicaciones del DHS a una serie de medidas que van desde el arresto, mal trato y negligencia médica hacia los indocumentados en centros de detención, hasta la redada del pasado día 12 en un matadero en Iowa y los planes de evacuación de damnificados por desastres naturales.

El DHS tiene que recordar que, ante todo, su deber “es proteger los derechos civiles de todas las personas en suelo estadounidense, sin importar su raza, origen nacional, o estatus migratorio”, dijo Conyers.

Para él, la “cascada” de controversias es aún más lamentable porque, a su juicio, da la impresión de que el DHS corrige la marcha sólo cuando está bajo el escrutinio del Congreso. Conyers hizo esos comentarios, un tanto airado, al destacar las acciones recientemente emprendidas por el DHS en aras de la seguridad nacional y que, a su juicio, se desvían de las “exigencias humanitarias” que deben primar en su misión.

El DHS ha dado marcha atrás y el Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, aseguró que la prioridad de su agencia será “la evacuación segura de personas que abandonan una zona de peligro” y que ha girado instrucciones para que los agentes de inmigración no hagan nada que impida la evacuación de las víctimas.

El trato a futuras víctimas de desastres naturales no es el único reclamo que hace el Comité Judicial. Conyers también ha mostrado impaciencia con la redada del pasado día 12 mayo en un matadero en Postville (Iowa), en el que 389 personas fueron arrestadas. Del total de arrestados, 270 fueron sentenciados a cinco meses de prisión por el uso de documentos falsos.

Esa redada en la empresa cárnica Agriprocessors, sin precedente en un sólo sitio laboral en la historia de Estados Unidos, ahora amenaza con mermar incluso los suministros de comida “kosher” para la comunidad judía. EFE